Un matrimonio de un pueblo de Segovia denuncia que la explotación ganadera colindante a su casa no cumple ninguna norma urbanística, ni de trato animal, ni de salubridad y que tanto ayuntamiento como Junta de Castilla y León se lavan las manos: “Es una condena que nos ha caído”.

Imagen de la finca ganadera colindante a la casa de José Romera

Imagen de la finca ganadera colindante a la casa de José Romera

Cuando José y su mujer decidieron mudarse a la pequeña localidad segoviana de Riaguas de San Bartolomé, que apenas supera los 12 habitantes en invierno, no imaginaban la que se les vendría encima. Once años después, la ilusión de vivir en el entorno rural ha dado paso a la desesperación. La culpa la tiene una finca ganadera colindante a su casa. Ya se percataron de ello antes de comprar su chalet. Sin embargo, tras hacer las averiguaciones oportunas en el Ayuntamiento y la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, les confirmaron que la instalación era ilegal.

Frente a ellos vivía entonces el primer teniente de alcalde, quien también les ratificó la ilegalidad de la finca y estimó en una semana el tiempo que les quedaba allí. La explotación no cumplía ninguna norma urbanística, ni de trato animal, ni de salubridad o acumulación de residuos. Aquel plazo de una semana, sin embargo, se ha hecho eterno. Lo único cierto es que han pasado los años y ellos continúan viviendo pared con pared con las vacas. Además de no poder abrir las ventanas en verano por la acumulación de insectos, no tienen más remedio que pisar una mezcla de heces, sangre y barro para entrar en su propia casa.

En este periodo de tiempo han acumulado informes de las autoridades sanitarias certificando la insalubridad de vivir allí y alertando de los riesgos de filtraciones de agua y enfermedades por distintos vectores. El ayuntamiento, por su parte, que hasta hace apenas cinco años obvió su responsabilidad a la hora de otorgar licencias, vigilar actividades, asegurar el bienestar animal y la salubridad del área urbana, emitió un informe contrario a la ubicación de la citada explotación de vacas. Sin embargo, “no ha hecho nada más en pos de restituir la situación y nosotros seguimos viviendo en una situación de grave insalubridad“, lamenta el afectado, José Romera.

“El ayuntamiento no ha querido recurrir a la Diputación o a la Guardia Civil por miedo a los dueños de la finca”, asegura Romera

Asimismo, el Procurador del Común ha emitido varias sentencias a su favor que “han sido desoídas”. Romera asegura que la Consejería de Agricultura y Ganadería, responsable en materia de trato animal y garante de las buenas condiciones de las instalaciones ganaderas “también ha obviado su responsabilidad”. Este periódico se ha puesto en contacto con dicha administración y una semana después aún no ha recibido ninguna respuesta. La Consejería de Medio Ambiente, emisora del informe de insalubridad, tampoco escapa a sus críticas. “Todos se lavan las manos permitiendo la situación”, se queja tras recalcar que les han “robado” once años de una casa “que no hemos podido disfrutar”.

“Al borde de la desesperación”

Ahora, el matrimonio ha decidido que no tiene miedo. “Peor no podemos estar”, agrega Romera. Por ello, han dado un plazo de un mes a Ayuntamiento, Diputación y a las Consejerías de Agricultura y Medio Ambiente para subsanar una situación que, según dicen, les mantiene “al borde de la desesperación”.

En caso de que todo siga como hasta ahora, el siguiente paso será denunciarles. “Yo no les hubiera dado ni cuarto de hora pero los abogados dicen que debe ser así. Tendrían que haber impulsado el cierre de la instalación porque ellos tenían constancia de que allí no se podía vivir”, explica el afectado. Y remata: “Es terrible. Estamos donde queremos. Hacemos 200 kilómetros diarios para ir a trabajar y cuando llegamos a casa lo que queremos es descansar y disfrutar, no hemos venido a fastidiar a nadie, pero las administraciones varias no hacen su trabajo y están impidiendo que vivamos con dignidad. No se puede vivir así”.

“El ayuntamiento tiene miedo”

Preguntado por los motivos que se esconden tras la indiferencia de las administraciones, Romera lo tiene claro: “Somos un pueblo muy pequeño, la gente se conoce desde hace mucho. El ayuntamiento no ha querido recurrir a otros medios como la Diputación o llamar a la Guardia Civil por miedo, miedo a la reacción de estos señores [los dueños de la finca de vacas]”. Casi a renglón seguido insiste en que ellos tras muchos años de no saber qué hacer han decidido que no tienen miedo y comenta que entre sus amigos el chiste es que su situación derive en un nuevo Puerto Hurraco. “Todo el mundo espera cualquier tipo de reacción cuanto menos violenta de los propietarios de la instalación. El ayuntamiento nunca se ha atrevido a sacar de ahí a una gente cuya actividad es ilegal”, completa.

“Si no se resuelve nuestro caso, vamos a hacer que a la gente le dé vergüenza”, dice el afectado

En este sentido, Romera añade que uno de los hermanos propietarios de la finca le reconoció sin tapujos que el problema no era con ellos sino con el pueblo porque “se les había fastidiado muchas veces”. “Esto me lo dijo con la más absoluta tranquilidad”, añade. Recuerda además que poco después de llegar a Riaguas de San Bartolomé la gente hablaba de algún enfrentamiento que habían tenido con ellos y que alguno le había seguido “dándole palazos encima del coche”. “El problema es que el miedo del ayuntamiento lo estamos pagando nosotros. Si tienes miedo para qué te metes de alcalde, nadie te obliga”, se queja Romera.

A sabiendas de que no tenían licencia, aseguran que las vacas están “con las heces hasta la barriga y que los animales que nacen caen sobre mierda nada más nacer”, el matrimonio decidió por las buenas dar un periodo de tres meses a los propietarios. “Se supone que llos buscarían una nave para instalarse en otro sitio y a nosotros nos pareció bien. Pasado ese tiempo, no se fueron y el ayuntamiento tampoco les obligó. Ha sido un cúmulo de despropósitos“.

“Es una condena que nos ha caído”

Visto lo visto, dicen que se han planteado que si no se resuelve su caso, “vamos a hacer que a la gente le dé vergüenza”. Señalan que aparte de no poder abrir las ventanas en verano, tampoco pueden salir a su jardín a cenar. “Hay cientos de moscas y mosquitos, por no hablar de las picaduras que sufrimos…”. Otros días, dice Romera, las vacas se saltan y están por su puerta. Después de cosechar, se les ha llegado a acumular una pila de paja de ocho metros en su puerta trasera e incluso se les pinchó una de las ruedas del coche con una de las agujas que utilizan para vacunar a las vacas. “Nadie se hizo responsable”, apunta.

Si la situación no mejora, se plantean incluso abandonar su casa. “Si no hay más remedio, claro”. “Es nuestra primera casa, conseguida con mucho esfuerzo, y de repente, descubres que no puedes salir ni a la calle. El problema que tenemos ahora es que compramos la casa en un momento en el que las cosas valían lo que valían y que como todos los pringados que se hipotecan a 30 años, ahora tenemos una deuda con el banco y es muy difícil que podamos irnos a otros sitio”, dice afligido. “Claro que nos lo planteamos pero, ¿cómo lo haces? Es una condena que nos ha caído”, concluye.

17 días después de publicar este reportaje en marzo, recibí esta respuesta: “Ya no hay vacas. Gracias por la enorme función de servicio público que desarrolláis la prensa con vuestra presión”.


leticia.nunez.nunez@gmail.com

@leticianunz